El peaje de la Ruta 8 altura arroyo Larena aumentó de 8 a 30 pesos y suprimieron el permiso a los vecinos de pasar sin pagarlo. Nuevamente deben pelear por lo básico, poder transitar con libertad y todo Pilar tiene que aguantar este despropósito, por no llamarlo estafa.
No solo es el precio, a 8 pesos también lo era, es que no haya colectoras ni caminos alternativos, no deben bloquear el paso como lo hacen.
Cambiemos debiera ser, cambiar lo mal hecho y mal diseñado, en este caso Cambiemos insiste en un grueso error.
En el afán de crear negocios, la Patria contratista propuso como iniciativa privada en el 2005, el proyecto de este tramo de la ruta 8 (autovía Pilar – Pergamino).
Lo adjudico un ente (OCCOVI), creado para saltear a los equipos técnicos de Vialidad Nacional.
En octubre de 2006, el OCCOVI, entonces bajo la dirección de Claudio Uberti, adjudicó a “Corredor Americano” (Consorcio liderado por el Grupo Eurnekian asociado a Helport) la licitación para la construcción y explotación de la Autopista Pilar-Pergamino (180 kilómetros).
La adjudicación tuvo su origen en una Iniciativa Privada impulsada un año antes por Eurnekian. La obra debía terminarse en seis años (2012) y el recupero de la inversión privada, prevista en 800 millones de pesos, se realizaría por el sistema de peaje con una concesión de explotación por veinticuatro años.
Cuatro años después, estaban construidos escasos diez kilómetros cuando deberían estar habilitados 120 km. El concesionario estaba cobrando peaje desde casi un primer momento, aun con obra paralizada, para que los usuarios transiten por una “promesa de autopista”. Anuncios espectaculares acompañaron la adjudicación. Se anunció varias veces como un logro, lo que apenas era una promesa.
Queda demostrado, una vez más, la inviabilidad de construir autopistas por peaje fuera del radio urbano de las grandes ciudades. Para que el monto de un peaje sea “pagable” por el usuario se requieren enormes flujos de tránsito como los de la Autopista del Sol o 25 de mayo, Perito Moreno, etc.
La realidad es que fue un NUEVO FRACASO, absolutamente previsible. El Poder Ejecutivo decidió por Decreto 891 rescindir “de mutuo acuerdo” el contrato de concesión, acordando una indemnización al contratista que reclama un “resarcimiento” por las obras ejecutadas.
También una pérdida de tiempo de los vecinos y el Municipio que debieron reunirse innumerables veces con la empresa, el OCCOVI e incluso funcionarios nacionales, para que les respeten el derecho a transitar.
Ahora no sabemos como se adjudicó la continuidad de la obra, pero insisten en joder a los vecinos de Pilar.
¿Cual es el negocio que les impide terminar con esto?
¿Como el estado puede impedir que haya colectoras al lado del peaje?
Es un estado Piquetero.
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