Esta semana allanaron oficinas vinculadas a las empresas concesionarias del acceso norte (Ausol), del acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) y Natal inversiones (la empresa a la cual Socma, le vendió sus acciones de Ausol).
Fue por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral del Juzgado Federal N° 6, que investiga un presunto negociado detrás de los acuerdos de readecuación del contrato de junio del 2018.
Los diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto denunciaron penalmente a Macri; al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel; y a la concesionaria del Acceso Norte, la empresa AUSOL S.A, por delitos e irregularidades observados en el proceso de renegociación del contrato de concesión.
La denuncia es que 3 días antes de que asuma Macri como presidente, Abertis controlante de AUSOL simuló una demanda contra la Argentina ante el CIADI por más de USD 1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Nosotros tratamos estos temas en abundantes artículos realizados mientras los hechos se desarrollaban, el juicio comprueba nuestro relato de esos hechos. Los links para leerlos están al final de esta nota.
Lo que queremos resaltar es que este juicio está sacando a la luz, datos que muestran la importancia que tiene en nuestro sistema institucional, que los funcionarios actúen en defensa del Estado Nacional y no de sus autoridades partidarias que los nombran. También lo útil que es la alternancia en el poder para esclarecer hechos.
Decíamos en febrero del 2018: "Habría que rescindir el contrato con AUSOL y enfrentarla en el CIADI. Debemos homenajear a Carlos Balbín, ex Procurador del tesoro durante los primeros 16 meses del actual gobierno.
Su postura era litigar en las causas que tiene el país ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial."
Balbín peleó y ganó, el caso de este link, en diciembre del 2016.
Ahora sabemos por su declaración en este juicio, que ya había bloqueado el reclamo de Abertis en el CIADI. El 3 de febrero de 2017, siendo el Procurador del Tesoro presentó una solicitud de bifurcación para que la denuncia de Abertis no pudiera prosperar, dado que la firma se había presentado ante el CIADI sin haber agotado la instancia judicial a nivel local, condición necesaria para iniciar actuaciones allí.
El 27 de marzo de 2017 el CIADI hizo lugar a la solicitud de "bifurcación" presentada por el Procurador del Tesoro Balbín, compartió su criterio. El 25 de abril, Balbin fue invitado por el gobiernoi a dejar el cargo y volvió a su anterior puesto de juez.
Declaró también que el reclamo de Abertis no podía prosperar, porque estaba prescripto, dado que ya habían pasado 15 años de los supuestos atrasos tarifarios que se reclamaban.
La deuda reclamada correspondía a un congelamiento de tarifas que databa del año 2001, pero la demanda ante el CIADI se presentó el 7 de diciembre de 2015.
La siguiente Procuración del Tesoro, a cargo del doctor Bernardo Saravia Frias, se presentó ante el CIADI para confirmar que el Estado Nacional y Abertis abandonaban el expediente (que no llegó a ser un juicio por la acción de Carlos Balbín) porque habían llegado a un acuerdo.
Acuerdo que le termina costando al país unos 500 millones de dólares que se le permite recaudar de más, en los peajes que pagamos y pagaremos hasta el 2030, o si el Estado Nacional decide rescindirlo deberá completar el dinero que falte para completar esa cifra.
Saravia Frias presentó toda esta documentación al juez, recién a fin de noviembre del 2019, 3 días antes que declarara Carlos Balbín.
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